Hace 6 años se denunció el caso, pero la inexactitud del contrato ha alargado el caso hasta el pasado 20 de febrero, cuando la Justicia condenó a varias aseguradoras a pagar a uno de sus clientes 653.000€.
Un notario de Gijón contrató en junio de 2007 una póliza con las aseguradoras Generali, Zurich y Mapfre que finalizaba en mayo de 2010; entre otras cosas cubría la responsabilidad civil y la infidelidad de sus empleados (entendida esta como cobertura por actuaciones como falsificación, estafas, malversación, fraudes, sustracción o apropiación indebida)
En enero de 2008 se descubrió que se había dado esa situación: dos de los trabajadores habían cometido irregularidades; creando una deuda en las cuentas de la notaría de 875.000€. En 2012 la Audiencia Provincial de Asturias condenó a los empleados infieles a penas de prisión de 40 meses y a una indemnización de 700.812€.
Ahí es cuando comenzó la batalla del notario con las aseguradoras; el Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial se pusieron de parte de las aseguradoras y las eximieron de compensar al contratante al considerar que la cobertura fue correctamente rechazada ya que la solicitud estaba fuera de plazo: según la sentencia el siniestro se puso en conocimiento de las aseguradoras en octubre de 2010, cuando la póliza no estaba vigente.
Pero finalmente, el Tribunal Supremo ha dado la razón al notario. Pues ante la oscuridad de las cláusulas interpreta que las aseguradoras no se comprometieron exclusivamente a dar cobertura a las reclamaciones recibidas durante la vigencia de la póliza; por lo que deben pagar al contratante los 700.812 € a los que fueron sentenciados los trabajadores (cifra reducida por los pagos hechos por los empleados de 8.717,16€ y por la franquicia, 40.000€)